Arrabal falla a favor de Vila - Manzano

Hoy nos enteramos por los medios masivos de comunicación que la Ley se Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada por el Congreso Nacional en el mes de octubre luego de distintas instancias de debate con la sociedad civil desarrollados en todo el país durante este año, quedó suspendida en todo el país. Por tanto, continúa vigente el decreto ley que data de la ultima dictadura cívico militar que sufrió nuestro país.

Cabe decir que la jueza Olga Arrabal quien dio curso a una medida cautelar, solicitada por Luis Leiva y el diputado nacional Enrique Thomas, según informaron los medios, es la misma jueza que en su momento obligó a la televisión pública a suspender las emisiones de su repetidora en la capital mendocina y su zona de influencia, medida que dejó sin cobertura a un millón de televidentes en pro de los intereses del grupo Vila-Manzano, que argumentó supuestas "interferencias" de la televisión abierta en la grilla de cable de Supercanal. En esta ocasión, ciudadanos/as organizados/as lograron hacer prevalecer el derecho a la comunicación de todos/as frente a los marcados intereses corporativos y hegemónicos de las empresas monopolizas mediáticas.

Hoy la justicia y algunos políticos están respondiendo a los intereses de estos grupos – Clarín y Vila Manzano – en detrimento del derecho humano a la comunicación.

Desconocen, una vez mas, la lucha que las cientas de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, especialistas, periodistas, universidades publicas, etc., etc., llevaron a cabo en nuestro país por años para sentar las bases de una nueva ley de radiodifusión de la democracia.

La oposición política defensora de los intereses económicos, políticos e ideológicos de las corporaciones mediáticas, oculta el origen de esta ley, que busca democratizar las frecuencias aportando de esta forma a una democracia más participativa, y lo relacionan directamente con el gobierno nacional para deslegitimarla y teñirla de otras cuestiones falsas.

Sabíamos que con la sanción de la nueva ley comenzaba un largo camino. No se terminaba la lucha, en todo caso comenzaba otra: Defender el derecho que todos/as tenemos a la comunicación, desenmascarar y denunciar los mecanismos que se ponen en juego para construir un sentido opositor y deslegitimante de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, investigar respecto de cuáles son los intereses que se defienden en las decisiones de la justicia, cuáles son los intereses que defienden los/as legisladores/as y cual es la parcialidad que nos presentan los medios masivos de comunicación, basada en esos intereses.

Una nueva ley de radiodifusión nos permitirá vernos y escucharnos como mendocinos/as, fomentará la producción local, permitirá que la sociedad civil acceda a licencias y pueda por tanto acceder al derecho a comunicarse.

Por el contrario, la concentración mediática atenta contra la libertad, la pluralidad, la diversidad y la democracia. / Por Soledad Gil